Cámara de Comercio de Costa Rica perseguirá ilegalidad

Foto La Nación

Por Cristian Leandro

Solo hay que darle una vista al informe de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para conocer que ante la lenta recuperación de la oferta de trabajo, la informalidad continua en ascenso.

La economía informal se está volviendo cada vez más común y sigue generado empleo, pese a los riesgos que esto representa para la economía del país, el Estado no ha podido reducirla.

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica, en todas sus publicaciones hace un énfasis en la urgencia de un crecimiento de la producción nacional de un 6% y así generar más puestos de trabajo.

Sin embargo, esa meta se está convirtiendo en un sueño de opio, ya que el Gobierno de Luis Guillermo Solís, incumplió con la promesa de reducir el déficit fiscal, mismo que tiene entrabada la economía.

En otras palabras, el propio Estado, al no resolver el tema de déficit fiscal, se dispara en el pie y genera un “tortuguismo” económico y una baja oferte de nuevos puestos de trabajo.

Ante este panorama los sectores dentro de la economía nacional continúan viendo con preocupación esa miopía estatal y dar alarmas en cuanto al crecimiento de la informalidad.

Es simple, meyor informalidad menores ingresos le entran al Estados, por lo tanto un menor avance de la economía. Peor aún, mayor informalidad en el mercado, provoca un efecto inflacionario subterraneo.

Uno de los sectores que ya están dando las campanadas – pese a que estas son reiteradas – es la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR).

La CCCR lanzó oficialmente el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI), órgano que tendrá como objetivo generar información y acciones destinadas a combatir la informalidad en el mercado.

“El comercio ilícito representa uno de las principales problemas para la sociedad costarricense, por todos los efectos negativos que conlleva. La complejidad y el crecimiento de este fenómeno requiere una respuesta pronta, pero a la vez integral, que reúna esfuerzos desde los sectores públicos y privados”, explicó Yolanda Fernández Ochoa. Presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica

Alonso Elizondo, Director Ejecutivo de la CCCR, detalló que se busca disminuir los niveles de comercio ilegal y generar conciencia del impacto negativo en la economía.

Según un estudio de UNIMER, el 35% de la población admite haber comprado productos de contrabando y el 53% ha realizado alguna compra o práctica ilegítima, como adquirir copias, imitaciones o productos originales sin pagar impuestos.

El consumidor en riesgo

Para Carlos Arroyo, Director General y Vicepresidente Senior de Walmart Centroamérica, una de las empresas que expresaron su apoyo a esta iniciativa, calificó la informalidad como “flagelo”.

Y es que para el sector formal existe un riesgo socio-económico ya que el consumidor no está amparado a los derechos de reclamo o cambio de productos.

Otro de los problemas es el efecto espiral del empleo, al bajar la economía formal – que da las garantías sociales del trabajador – baja las opciones de empleos formales y generando el desempleo.

¿La inquisición es necesaria?

La respuesta la tiene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en su programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa.

Pese a esos esfuerzos, la informalidad es la piedra en el zapato para el sector comercio, que con un proyecto emprende una marcha con antorchas contra aquellas ventas ilegales y contrabando.

El comercio ilícito se traduce en expresiones como el contrabando, la piratería y falsificación, comercio ambulante, subfacturación, entre otros; fenómenos que impactan de forma negativa al comercio formal, así como al país en términos sociales y económicos.

 

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